Aunque es reprobable que la red se use para lanzar rumores, por ella se entrelazan miles de informaciones como garantizar la libre circulación de ideas y la libertad de expresión en todo espacio público.
José Buendía Hegewisch
A la memoria de Javier Romero,
articulista de Excélsior.
El discurso que autoridades federales y estatales comienzan a adoptar para calificar el fenómeno criminal refleja el creciente descontrol que tienen del país. Nombrar “terrorismo” a hechos delictivos o, por igual, a situaciones tan dispares como la barbarie de Monterrey y la difusión de rumores o mensajes falsos en las redes sociales, deja ver que los encargados del orden no entienden la complejidad de la problemática que hay en seguridad pública. La sociedad vive con temor por la violencia, pero ahora las reacciones de las autoridades de Veracruz o Tabasco frente a Twitter o Facebook expresan el temor que se apodera de gobiernos cuando sienten amenazada su sobrevivencia funcional.
Tratar hechos delictivos como “terrorismo” permite abordarlos como amenaza a la seguridad nacional o del estado, y a la autoridad ampliar su margen sobre los derechos. El gobierno de Veracruz acusó de “terrorismo” a dos tuiteros por difundir mensajes falsos sobre hechos delictivos en las redes sociales. Mientras que el Congreso de Tabasco modificó el Código Penal para tipificar hasta con seis años de prisión la difusión de “rumores” a través de la red.
Aunque es reprobable que ésta se use para lanzar rumores, por ella se entrelazan miles de informaciones como garantizar la libre circulación de ideas y la libertad de expresión en todo espacio público. Los usuarios deben estar tentados a los excesos e irresponsabilidades, pero su persecución legal es un mal precedente para las libertades y, sobre todo, descubre resortes del poder cuando tiene miedo o sus mecanismos de control tradicional son rebasados por la ciudadanía.
Hoy más de 50% de los mexicanos perciben a internet como herramienta efectiva de influencia política; y cerca del 40% cree que la información que ahí circula es confiable, un dato relevante respecto a la confianza que hay hacia medios tradicionales como la radio y la televisión, de acuerdo con el último informe del World Internet Proyect. La aparición de rumores suele conectarse con la escasez de información; es el síntoma de amenazas profundas como las que en el país se derivan de la inseguridad y la violencia. Es decir, el rumor no es la causa de la violencia, sino la expresión del desconcierto y la disolución que crea la extensión del crimen y la corrupción en casi todos los ámbitos.
Pero en una nueva narrativa de la “guerra contra las drogas”, y en menos de una semana, Calderón calificó por primera vez de “terrorista” el crimen del Casino Royale, y los de Veracruz y Tabasco esgrimieron a esta figura para controlar un espacio que, por definición, es abierto y público. En todos esos casos esa categorización se hace sin identificar a los grupos que harían uso de la violencia sistemática para perseguir fines políticos o ideológicos, lo que según los estándares internacionales permite definir un acto “terrorista”.
Generar temor, incluso “terror”, entre la población con un acto de extrema crueldad o violencia no convierte a un criminal en un terrorista. Por eso no sólo se pone en duda la pertinencia de calificar así a los autores de la masacre en el Casino Royale, sobretodo resulta fuera de toda proporción encarcelar hasta por 30 años a dos tuiteros por propagar información falsa que alertaba sobre secuestros de estudiantes o levantones de maestros en Veracruz. Es difícil ver en esto un mensaje contra la sociedad o el Estado; y en cambio evidencia las limitaciones que la autoridad tiene para mantener bajo control la violencia.
Las redes sociales han servido allí y en estados como Tamaulipas o Nuevo León para advertir de situaciones de peligro como balaceras o ataques que amenazan a ciudadanos que viven en un entorno de violencia y están inermes ante el crimen. Es cierto que también pueden ser usadas por delincuentes para esparcir rumores y crear caos, pero en ningún caso se justifica intervenir comunicaciones en la red como han intentado gobiernos como los depuestos en el mundo árabe o de férreo control estatal como China. Tampoco inhibir su uso con la amenaza de la cárcel.
Los casos de difusión de información no comprobada que acaba por generar alarma infundada corresponden a actos de irresponsabilidad, pero no de “terrorismo”. Son faltas como las que están sujetos a cometer los medios de comunicación o profesionales que en ellos o a través de las redes sociales han incurrido en ellas —como se recordará de la información sobre el secuestro del Jefe Diego Fernández de Cevallos—, sin que nadie haya pedido castigo para nadie.
*Analista político
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